En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se estableció, en su artículo 12, el reconocimiento de igualdad como persona ante la ley, que dice que todas las personas tienen capacidad jurídica, es decir, que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones y a ejercer sus derechos como el resto de las personas.

Ante esta situación España está obligada a reformar el Código Civil y reconocer los derechos que dejó establecida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El anteproyecto es una propuesta de cambio de ley, en la que se prevé modificar las leyes sobre la incapacitación judicial de las personas con discapacidad para que tengan cada vez mayor autonomía a la hora de tomar decisiones, respetando al máximo su voluntad y preferencias.

Por eso se va a empezar a eliminar la figura del tutor, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, sustituyéndolas principalmente por la curatela, el guardador de hecho y el defensor judicial. La idea es que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones y que el curador intervenga como apoyo solo cuando sea estrictamente necesario. Con esto también se pretende evitar los conflictos de intereses que puedan surgir en las tutelas.

El anteproyecto de Ley que se prevé que llegará al Congreso antes de final de año, ha sido redactado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Plena Inclusión. Os dejamos aquí en lectura fácil las preguntas y respuestas sobre La Reforma del Código Civil sobre la Discapacidad y Tutela.

También podéis escuchar el podcast de nuestro Programa de Radio Gigantes en el que el equipo que realiza el programa plantea sus dudas sobre el anteproyecto a profesionales de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.

Y si queréis ampliar información al respecto, también os dejamos dos artículos sobre la cuestión en nuestro Blog y en el diario El País.